En los últimos años, muchos países implementaron regulaciones más estrictas tanto respecto de sociedades que se instalan en sus territorios, como respecto de sociedades de personas que son residentes fiscales en sus países y participan en sociedades en jurisdicciones offshore.

Uno de los requisitos más destacados es el concepto de «sustancia”: no es suficiente que las entidades legales estén registradas en una jurisdicción, sino que también tengan una presencia real y significativa en ella.

¿Qué es el Requisito de Sustancia?

Las empresas deben demostrar que llevan a cabo actividades comerciales genuinas en el país donde están registradas.

Se busca prevenir estructuras empresariales que, aunque formalmente cumplan con las regulaciones locales, en realidad carecen de una presencia económica sustancial. Las empresas no solo deben existir en papel.

¿Por qué a un país le interesa controlar que el requisito de “sustancia” se cumpla?

Podemos hablar aquí de dos intereses igualmente relevantes:

. por un lado el interés del “país de origen”, es decir el país donde tiene residencia fiscal una persona que tiene participación en una sociedad offshore (por ejemplo, un residente fiscal en Argentina, que tiene participación en una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas)

. por el otro lado, el interés del “país de inversión”, esto es, la jurisdicción en la que efectivamente se establece esa compañía (en el ejemplo de arriba, las Islas Vírgenes Británicas)

Para ambos países es relevante asegurarse que la “sustancia” exista: para el “país de origen” por la forma, ubicación y cuantía en que se atribuirán las rentas que se generen a raíz de esa participación en la sociedad del exterior (en el ejemplo, el fisco argentino estará interesado en que no se utilicen diferimientos impositivos inadecuados o que las rentas que se dejen de atribuir a Argentina). Por otro lado, está el interés del “país de inversión”, que es la jurisdicción en la que efectivamente se establece esa compañía (en el ejemplo de arriba, las Islas Vírgenes Británicas). Para ese país, la falta de actividad económica real puede llevar a sanciones fiscales, pérdida de reputación como destino de inversión y la posibilidad de ser clasificado como un paraíso fiscal, lo que podría afectar su competitividad en el mercado global.

¿Qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de evaluar la sustancia?

Si bien los estándares varían según la legislación local de cada país y sus interpretaciones jurisprudenciales, en la mayoría de las jurisdicciones el énfasis se pone en:

  • Presencia Física: Tener una oficina en la jurisdicción donde se constituyó la sociedad. Un espacio real y operativo, no solo un domicilio registrado.

  • Personal Local: Empleados que residan en la jurisdicción y realicen funciones operativas significativas. Esto incluye no solo la cantidad, sino también su nivel de responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.

  • Actividades Comerciales Reales: Actividades comerciales efectivas que generen ingresos. Esto puede incluir producción de bienes, transacciones comerciales, prestación de servicios a las filiales o realización de inversiones.

  • Toma de Decisiones: Las decisiones clave de la empresa deben ser tomadas en la jurisdicción donde está registrada. Esto implica que las reuniones de la junta directiva y otros procesos de toma de decisiones se hagan allí, y que los directores y ejecutivos clave estén presentes en esas reuniones.

  • Contabilidad y Registros Financieros: Mantener registros contables y financieros en la jurisdicción, demuestra que la empresa está operando de manera activa y que sus operaciones son transparentes y auditables.

  • Interacción e inversión en el Mercado Local: Esto puede incluir la venta de productos o servicios a clientes locales, así como la participación en la economía local. Poseer activos físicos o inversiones en la jurisdicción, que respalden las operaciones de la empresa.

  • Cumplimiento Normativo: Cumplir con las regulaciones locales, lo que incluye la presentación de informes y declaraciones fiscales en la jurisdicción.

  • Gastos adecuados: Gastos coherentes con las actividades comerciales y estructura operativa, razonables y proporcionales a la actividad económica que se desarrolla.

Al adoptar un enfoque proactivo en la implementación de estas prácticas, los empresarios pueden no solo garantizar la sostenibilidad de sus operaciones, sino también aprovechar las oportunidades que surgen de una presencia sólida y auténtica en el entorno local. En un mundo empresarial cada vez más interconectado, la sustancia se traduce en confianza y competitividad.